El Alto, 30 de octubre de 2026 (AN).- La Aduana Nacional, a través de la Administración de Aduana Interior La Paz, destruyó e inutilizó más de 60 toneladas de mercancías decomisadas por contrabando y declaradas en abandono, como parte de las acciones destinadas a proteger la salud pública, preservar el medio ambiente y combatir el comercio ilícito.

La mercancía intervenida no contaba con certificaciones sanitarias, presentaba fechas de vencimiento expiradas o evidenciaba condiciones de deterioro que la hacían no apta para su uso o consumo. En cumplimiento de la normativa vigente y de las resoluciones administrativas institucionales que autorizaron su inutilización, se dispuso su destrucción definitiva para evitar riesgos a la población.

"No vamos a permitir que productos de contrabando, vencidos o sin control sanitario lleguen a los mercados y pongan en riesgo la salud de las familias bolivianas. Estas mercancías representan un peligro para la población y para el medio ambiente, por lo que su destrucción constituye una medida responsable y necesaria", afirmó Wilder Villarroel, administrador de Aduana Interior La Paz.

Entre los productos destruidos se encontraban más de 8,7 millones de unidades de cigarrillos de internación ilegal, sin timbre fiscal ni registro de inocuidad; 20 toneladas de residuos industriales indocumentados; más de 4,2 toneladas de frutas frescas sin certificación sanitaria; alrededor de 800 kilogramos de productos de higiene personal, cosméticos, detergentes y otros artículos; además de medicamentos, suplementos alimenticios, alimentos vencidos o sin respaldo sanitario, así como más de 500 kilogramos y litros de lubricantes e insumos automotrices.

 “Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la protección de la población y el resguardo del mercado interno”. Afirmó la autoridad aduanera.

La inutilización de las mercancías se realizó inicialmente en instalaciones del Concesionario de Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), en la ciudad de El Alto, bajo estrictos controles técnicos y documentales. Posteriormente, los residuos fueron trasladados a una empresa especializada para su tratamiento y disposición final ambientalmente adecuada, garantizando el cumplimiento de las normas de gestión de residuos.

El procedimiento contó con la supervisión de autoridades aduaneras y personal técnico especializado, además de la presencia de un notario de fe pública, quien certificó las actuaciones mediante las correspondientes actas notariales, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.