La Paz, 12 de febrero de 2026, AN.- En entrevista en el programa de televisión Posdata, el Presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía, aclaró sobre una publicación de un medio digital que, con datos incorrectos y sin fuentes verificables, lo relaciona con la administración de un avión incautado en 2017 con vínculos ilícitos, cuando el caso se trató exclusivamente de un incumplimiento de normativa aduanera.

Soto de la Vía explicó que su participación se limitó a representar a la empresa responsable del avión únicamente para apersonarse ante las entidades públicas y dar seguimiento a los trámites aduaneros, sin ejercer en ningún momento funciones de administración sobre la aeronave.

“El avión llegó a Bolivia en 2017 y fue incautado porque no se sometió a un régimen aduanero. El proceso penal fue por contrabando agravado debido al valor del avión, y en ningún momento el cuaderno de investigación menciona armas, ni droga, como señala la noticia publicada”, señaló el Presidente de la Aduana.

Recordó que recibió un poder de apersonamiento en 2018, que le facultaba únicamente a presentarse en la Aduana y otras instituciones públicas para verificar la situación del avión. “No tuve poder de administración, ni de representación sobre la aeronave. Mi rol fue estrictamente técnico, como experto en la materia aduanera”, subrayó.

El proceso penal concluyó con la confiscación del avión, que pasó al Ministerio de la Presidencia, conforme establece la Ley General de Aduanas. Actualmente, la aeronave se encuentra en el aeropuerto El Trompillo. Respecto a la tripulación, Soto de la Vía explicó que los pilotos nunca se presentaron a declarar en Bolivia y que años después, en 2024, fueron detenidos en África por otros procesos ajenos al caso nacional.

Finalmente, rechazó las publicaciones que lo vinculan con actividades ilícitas y señaló que ha solicitado la rectificación correspondiente al medio que publicó la noticia, en el marco de la Ley de Imprenta. “Nunca fui administrador del avión. Mi participación fue técnica y limitada a un apersonamiento en representación de la empresa responsable. La cronología demuestra que las acusaciones son infundadas y responden más a titulares malintencionados que a la realidad”, concluyó.